Daniel Ortega: entre protestas, elecciones y violencia

El gobierno autoritario, dinástico y sin oposición (como atestiguó la elección de 2016) de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo en Nicaragua ha sufrido un revés político mayúsculo con los jóvenes indignados y las protestas sociales que han sacudido el estatus quo y puesto en jaque el carácter personalista del gobierno que ha alargado su estancia en el poder, gracias a la figura de la reelección indefinida y la falta de transparencia y rendición de cuentas en el país más pobre de Centroamérica.

El empresariado, que había formado una alianza con el mandatario, parece gradualmente buscar su remoción y simpatizar con la causa social. Empero, debe recordarse que Ortega sigue manteniendo un férreo control de los tres poderes del Estado, junto con el ejército, la policía y los medios de comunicación, como en su momento lo hiciera el régimen Somocista que él mismo aborreció y derrocó mediante el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Recordemos que Ortega logró consolidar su figura gracias a la bonanza petrolera venezolana que le permitió controlar todos los hilos del poder, brindar asistencia social a la población y pactar con el empresariado. Una vez que Venezuela cortó parte de esta ayuda, los programas sociales se vieron reducidos e incluso se forjó la bancarrota del Instituto de Seguridad Social (ISS) que tras una serie de reformas a los pensionados -incremento del 5% para recibir atención médica y aumento a las cuotas asignadas- provocó malestar y grandes protestas sociales. Bajo la inconformidad se detonó el germen del cambio y se cuestionó la gestión del gobierno encarnada en la pareja presidencial.

Lo que inició como una protesta pacífica hace cuatro meses se convirtió en un asunto político de gran envergadura. Jóvenes portadores de frescura, liderazgo y sin experiencia política que sembraron la transformación democrática y estimulado la conciencia crítica y colectiva para demandar la salida de Daniel Ortega y la celebración de elecciones anticipadas. Un primer avance fue la participación de la Iglesia Católica como mediador y la creación de la Comisión de la Verdad. Sin embargo, el escepticismo se ha adueñado de los nicaragüenses porque en duda está el carácter autónomo e independiente de dicho órgano, compuesto por legisladores sandinistas.

En su último reporte preliminar, la Comisión de la Verdad actualizó la lista de incidencias a 279 personas fallecidas y más de 2 mil heridos, aunque algunos medios internacionales afirman que hay un mayor número de víctimas. La comisión también dictaminó ampliar hasta la primera semana de noviembre la vigencia de su trabajo, fecha para la cual habrá de empezar a redactarse una nueva reforma electoral, según el cronograma de la OEA. ¿Será esta coyuntura la que obligue a Daniel Ortega a dar un mayor espacio y oxígeno a la oposición y/o cambiar leyes electorales para repartir de manera más equitativa el poder? Probablemente sí; pero bajo reservas. Por lo pronto ha servido como instrumento para no investigarlo penalmente y disminuir la intensidad de las protestas.

Daniel Ortega entrega cuentas favorables en combate a la inseguridad y el blindaje de las drogas y pandillas que ha diezmado a muchos países centroamericanos. Pero a cambio, ha privilegiado la represión de la oposición política, la restricción de la libertad de prensa y el nepotismo, cuya práctica ha favorecido el control completo del ejercicio del poder. Por ende, será difícil que abandone el poder; considerando que la reelección indefinida está habilitada en la Constitución, y seguramente será un punto no negociable al momento de redactar la nueva ley electoral. Por lo que de haber elecciones adelantadas, no es de extrañar que aparezca él o su esposa Rosario en la misma boleta electoral.

Por otra parte, la condena internacional no ha servido de mucho. El proyecto de ley estadounidense “Nica Act”, aprobado por la Cámara de Representantes en 2017 que propone restricciones de créditos de la banca internacional al régimen de Ortega, por corrupción, violaciones a los derechos humanos, y fraudes electorales, aún sigue esperando la aprobación en el Senado. Por otra parte, México, quien fungió como país líder del Grupo de Lima ante el deterioro democrático en Venezuela pudiera haberse erigido en actor mediador en Nicaragua, por nuestra talla diplomática, zona de influencia y posición geográfica, sin embargo la administración entrante de Andrés Manuel López Obrador ha afirmado que se respetará la “autodeterminación de los pueblos”, un principio característico de la política exterior mexicana del siglo XX. Ante el despertar nicaragüense, otros países de América Latina tendrán que llenar el espacio vacío que dejará México.